El chivo expiatorio de la crisis de la vivienda

El Ministerio de Vivienda ha señalado que en Castilla y León existen 1.357 apartamentos turísticos “ilegales”. Desde el 1 de julio, España se ha convertido en el primer país de la UE en aplicar la normativa comunitaria que prohíbe anunciar alojamientos en plataformas digitales si no cuentan con un número de registro expedido por los Registradores de la Propiedad. Sin embargo, esta cifra resulta engañosa: muchos de esos alojamientos cumplen la normativa vigente, pero no pueden obtener su número de registro porque las administraciones acumulan retrasos considerables en la gestión de expedientes. El caso del Ayuntamiento de Salamanca es especialmente ilustrativo; su ordenanza, aprobada a finales de 2024, ha sido cuestionada repetidamente por los tribunales, que han señalado la ilegalidad de varios de sus preceptos.
Desde la Federación Empresarial de Apartamentos Turísticos de Castilla y León reclamamos un marco europeo más claro, que establezca un único sistema de registro. La Unión Europea ha advertido de que el modelo español vulnera la normativa comunitaria al imponer un doble registro gestionado por los Registradores de la Propiedad. El reglamento europeo exige que todos los Estados miembros dispongan de un sistema unificado para identificar los alojamientos turísticos. Por ello, cabe preguntarse: ¿son realmente ilegales esos 1.357 apartamentos que menciona el Ministerio por el mero hecho de no disponer del identificador? La respuesta es evidente: no. Lo que hay detrás, en la mayor parte de los casos, es un atasco administrativo que a menudo responde a intereses políticos, ideológicos o presiones de determinados colectivos.
Confundir fraude con discrepancias administrativas es un error grave. Nos alineamos plenamente con la lucha contra la economía sumergida; pero que un alojamiento esté pendiente de un trámite no lo convierte en clandestino ni antisocial. La persecución de la ilegalidad debe ser técnica y neutral, no política. Lamentablemente, esto último es lo que está ocurriendo. Aún más preocupante es la afirmación del Ministerio según la cual estas supuestas ilegalidades “han provocado una subida exagerada de los precios y la expulsión de familias de sus barrios”. Esa acusación va mucho más allá de la realidad.

Si verdaderamente se pretende “preservar la función social de la vivienda”, conviene no tergiversar conceptos. Se utiliza este principio constitucional como un arma política que parece justificar cualquier restricción al derecho a la propiedad, recogido en el artículo 33 de la Constitución. Limitar el uso económico de una vivienda de manera generalizada y permanente es, en la práctica, una expropiación encubierta. Además, señalar como especulador a un pequeño propietario que ha adquirido una segunda vivienda tras años de esfuerzo, o simplemente la ha heredado, constituye una injusticia profunda.
Los apartamentos turísticos no son el origen del problema; son el síntoma de una política de vivienda errática. España carece de vivienda pública suficiente y de un aumento real de la oferta. Bruselas lo ha reclamado en numerosas ocasiones: más vivienda pública y más suelo disponible para construir. No obstante, nuestro país invierte solo un 0,1 % del gasto público en vivienda social, frente al 1 % de países como Países Bajos, donde el 30 % del parque residencial es vivienda social. En España, la vivienda pública representa menos del 2,5 % del total, muy por debajo de la media europea.
Mientras tanto, más del 40 % del precio final de una vivienda son impuestos. Con una demanda creciente y una oferta rígida, los precios de compra y alquiler se disparan. ¿De verdad se busca solucionar el acceso a la vivienda, o simplemente se necesita un culpable visible? Culpar al apartamento turístico resulta políticamente rentable, pero no resuelve el problema. Los datos demuestran que en ciudades donde se han prohibido o limitado los apartamentos turísticos, los precios no han disminuido. Se necesita un análisis riguroso, no un relato ideológico.
Si una plataforma digital continúa admitiendo anuncios sin registro, debe asumir su responsabilidad económica. No olvidemos que estas plataformas cobran un mínimo del 15 % del precio que paga el cliente, y por tanto tienen incentivos para aceptar cualquier anuncio, sea legal o no. Esto constituye una competencia desleal que perjudica al sector regulado y genera desconfianza en los usuarios. Y aun así, quienes cumplimos la normativa terminamos señalados como responsables de la crisis de la vivienda.
Los apartamentos turísticos se han convertido en un chivo expiatorio. El verdadero problema es la ausencia de una política pública seria y eficaz en materia de vivienda. Mientras no se aumente el parque público, no se libere suelo y no se reduzca la carga fiscal sobre la vivienda, seguiremos atrapados en un círculo vicioso. La solución exige claridad, coherencia y responsabilidad, no buscar culpables fáciles.

Fernando Álvarez López
Presidente de la Federación Empresarial de Apartamentos Turísticos de Castilla y León